Miguel Ángel Ochoa de Chinchetru, presidente del Patronato de la Fundación Corell, durante su intervención en la jornada.

La Fundación Corell ha organizado recientemente la jornada Seguros y Transporte: incidencia de la culpabilidad del transportista sobre su indemnización y la del seguro, un acto celebrado en Madrid en colaboración con la correduría Artai. Durante el acto se han abordado diferentes asuntos relacionados con esta temática, “como los aspectos recogidos en la legislación vigente, frente a los criterios de los tribunales a la hora de emitir sentencias y de las aseguradoras al interpretar el contenido de sus pólizas”, sostienen desde la Fundación Corell.

El acto ha comenzado con la intervención de Francisco Sánchez-Gamborino, doctor en Derecho y presidente del grupo ‘Seguro de Transporte’ en la Asociación Internacional de Derecho de Seguros-Sección Española (SEAIDA), quien ha hablado sobre la responsabilidad del transportista antes su cliente, culpa, dolo y la llamada culpa grave.

Sánchez-Gamborino iniciaba su intervención “distinguiendo entre el contrato de seguro y el contrato de transporte, ya que ambos tienen diferente régimen legal, así como diferentes derechos, obligaciones y responsabilidades”.

El jurista ha recordado que “el marco legal del contrato de seguro de transporte terrestre se basa en la Ley 50/1980 de 8 de octubre, mientras que el marco legal del contrato de transporte está basado en la Ley 15/2009 de 11 de noviembre, para transporte nacional, y en el Convenio CMR de 19 de mayo de 1956, para transporte internacional”.

Ambos tipos de contrato contemplan el dolo, un factor que impide al transportista aplicar el límite máximo de indemnización y exonera al asegurador de su obligación de indemnizar. “El transportista responde básicamente de la pérdida o desaparición de la mercancía, de los deterioros que provocan una pérdida de valor de la misma y del retraso en las entregas. Cabe destacar, que la culpa del transportista se presume y no hay que demostrarla; es el propio transportista el que debe demostrar que existe una causa que le exonere de la responsabilidad, debiendo indemnizar, si no consigue probar dicha causa”, ha asegurado Sánchez-Gamborino.

Sánchez-Gamborino ha recordado que “en caso de pérdidas o daños, el transportista debe indemnizar con 10 euros/kg, aproximadamente, en el transporte internacional y con 6 euros/kg, aproximadamente, en el transporte nacional. Si se produce un retraso en la entrega, la cuantía de la indemnización “sería equivalente al precio del transporte, por lo que no cobraría ese porte. Sin embargo, los límites de indemnización no se aplican si el transportista incurrió en ‘dolo’ (debería pagar el importe de la carga completa), es decir, que la ‘culpa’ se presume; se presupone que no hay una actuación con mala fe y en el caso del ‘dolo’ hay que demostrar la intencionalidad”, ha destacado el doctor en Derecho.

Actuaciones “dolosas”
Tal y como enumeró Sánchez-Gamborino, las actuaciones “dolosas” habitualmente tienen que ver con “incumplimientos de instrucciones emitidas por el cargador, no utilización de parkings vigilados (en el caso de que existan), falta de confidencialidad sobre el valor de la carga o actitudes extrañas por parte del conductor, falta de activación de medidas de seguridad, no evitar zonas en las que se conozca que existen casos de bandas de ladrones, historial con muchas incidencias por parte de la compañía de transporte, dejar el vehículo sin vigilancia en horarios o zonas inadecuadas y la falta de diligencia a la hora de denunciar”.

“Culpa grave”
Sin embargo, el letrado remarcó que existen sentencias españolas en las que habla de “culpa equiparable al dolo” o de “culpa grave”, concepto que no está recogido en la legislación y que “crea inseguridad jurídica”. Como regla general, “se aplica el límite máximo de indemnización, excepto en el caso en el que la conducta del conductor sea calificada como ‘dolosa‘, al no haber aplicado medidas de precaución elementales. En el caso de la legislación de otros países europeos, aunque el concepto de ‘culpa grave’ sólo existe en Italia, en países como Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Suecia y Suiza, las medidas de los tribunales también suelen ser severas en este sentido”, ha explicado Sánchez-Gamborino.

“Desde el punto de vista de las compañías aseguradoras, el dolo nunca es asegurable, mientras que la culpa sí y, en algunos casos, hay compañías que aseguran la ‘culpa grave’”, ha recalcado.

Culpa vs. dolo
Por su parte, Cristina del Río, profesora del IME y de la Universidad Pontificia (ICAI/ICADE), ha desgranado durante su intervención los casos limítrofes entre culpa y dolo. “Las compañías aseguradoras no tienen obligación de reparar los efectos del siniestro cuando se producen las siguientes causas: negligencia grave del asegurado, cuando el transporte terrestre sea accesorio a un transporte marítimo o aéreo, en cuyo caso se aplicarán las normas de éstos últimos”, ha sostenido Del Río.

De hecho, ha recordado que “existen diversas sentencias en las que se ha desestimado la indemnización por parte de la compañía aseguradora al producirse negligencia grave por no aplicar normas elementales de precaución”.

A lo largo de su intervención, Fernando Barrio Fuente, director Marine de RSA España, ha disertado sobre la posibilidad de asegurar la “culpa grave” del transportista y la negativa a indemnizar en dichos casos. Fernando Barrio ha incidido en el hecho de que “en ningún caso las aseguradoras cubren pérdidas, daños o gastos que sean atribuibles a conductas dolosas del asegurado.

Sin embargo, la llamada ‘culpa graveno siempre es excluida en las pólizas de responsabilidad civil (RC), lo que provoca consecuencias como: terceros perjudicados, acciones contra el asegurado, falsas pólizas de RC y pólizas con coberturas de daños y RC juntas”, ha detallado Barrio.





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